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DECLARACION DE TALCA

Los diarios regionales de Chile reunidos en la Ciudad de Talca el día 6 de noviembre de 2009, con motivo del XIX Encuentro de Diarios Regionales adoptaron por la unanimidad de los asistentes, los siguientes acuerdos:

1. Los diarios ven con especial preocupación, el deterioro manifiesto que ha experimentado la educación en nuestro país. Este fenómeno, que abarca diferentes áreas del conocimiento, tiene su origen en el deficiente desarrollo de herramientas esenciales, como la lectura y la escritura. Una sociedad democrática, que aspira a la estabilidad y al desarrollo debe contar con ciudadanos bien informados. Esto supone una formación intelectual que pasa de manera obligada por una buena comprensión lectora. Sólo ella permite situar una información en su debido contexto y, en consecuencia, ponderar su verdadera importancia.

 

La ANP ha desarrollado, hace ya muchos años, diversas iniciativas destinadas a interesar a los estudiantes en la lectura, pero ellas, por razones evidentes, son de alcance limitado. En esta materia queremos destacar el exitoso resultado obtenido en las Olimpiadas de Actualidad, que en forma de plan piloto, se ha desarrollado en la Región del Maule. Los diarios regionales estiman que la magnitud del desafío es muy grande y que, en la respuesta a él, le cabe un papel determinante al Estado. Nuestros diarios están en condiciones de ofrecer a las autoridades una agenda de proyectos y programas que incentiven la lectura, y que, para su aplicación a nivel nacional, requiere el respaldo del Estado. Una materia de esta relevancia, debe ser abordada conjuntamente entre el sector público y el privado.

 

2. Los diarios regionales manifiestan su preocupación por las diversas iniciativas legales que, si bien no se dirigen directamente a crear nuevas regulaciones para la prensa, pueden tener, como efecto no deseado, grados de limitación a la libertad de expresión y al derecho a infomar.

 

Las nuevas regulaciones en materia del procedimiento laboral, que afectan a todas las actividades, pueden, por las serias sanciones previstas para incumplimientos cuya gravedad es al menos discutible, atentar contra una fundamental garantía constitucional como es la libertad de expresión.

 

Los diarios regionales ven con inquietud la persistencia de las iniciativas que tienen por objeto ampliar la protección a la vida privada de las personas que desempeñan funciones públicas. Creemos que esta materia, de gran complejidad, requiere un debate técnico, que a pesar de todos los esfuerzos que en su oportunidad hizo la ANP, ha sido imposible de llevar a cabo.

 

3. Los diarios regionales ponen de manifiesto los peligros que encierra la actuación de algunas autoridades administrativas en relación con la aplicación de la normativa que obliga a realizar ciertas publicaciones en diarios, extendiendo abusivamente este concepto a sitios web que incluso carecen de contenido periodístico. Queremos subrayar que todos nuestros diarios impresos tienen sus respectivos sitios web, por lo que nuestro interés en la regulación de esta materia obedece al peligro que la actual situación lleve a abusos con serias consecuencias para la fe pública y la transparencia.

 

4. Los diarios regionales reafirman su apoyo al contenido de la declaración de Hamburgo, a la cual adhirió la ANP, y que llama la atención acerca de la necesidad de proteger la propiedad intelectual de los medios que generan contenido, y que son usados por los sitios agregadores de noticias, sin el debido respeto a los derechos de propiedad intelectual de las empresas editoras.

 

Conviene advertir que también otros medios de comunicación utilizan, sin autorización de los diarios, la información contenida en ellos, atentando contra el derecho de propiedad intelectual.

 

5. Este XIX Encuentro de Diarios Regionales culminó con un inédito debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, cuyo tema principal fue la regionalización. Nuestros diarios confían en que los planteamientos hechos en esta oportunidad sean debidamente recogidos y puestos en práctica por quien ocupe la Primera Magistratura, porque están convencidos de que el cumplimiento cabal del ideal republicano pasa necesariamente por dar a las regiones mayor grado de participación en la toma de decisiones.

 
 
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