Nosotros, directivos de organizaciones periodísticas internacionales y nacionales; representantes de asociaciones nacionales de casas periodísticas en diversas naciones de Iberoamérica; participantes todos en los actos en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrados en Santiago de Chile del 2 al 4 de mayo de 2024, en seguimiento del seminario “El Desarrollo de los Medios de Comunicación y la Democracia en América Latina y el Caribe”, que adoptó la Declaración de Santiago hace 30 años en esta misma ciudad, del 2 al 6 de mayo de 1994;
Considerando el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”; la Resolución 59 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1946, en que se afirma que la libertad de información es un derecho humano fundamental, y la Resolución 45/76 A de la Asamblea General, del 11 de diciembre de 1990, sobre la información al servicio de la humanidad;
Considerando los valores de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000);
Considerando la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su 25ª reunión en 1989, en que se destaca particularmente el fomento de “la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen en los planos internacional y nacional”, así como la Resolución Oficial adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 12 de noviembre de 1997, que condena los asesinatos contra periodistas y demanda de las autoridades que investiguen, prevengan y sancionen a los responsables de la violencia y reparen sus consecuencias;
Considerando la Resolución 48/133 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, con ocasión del Año Internacional de los Pueblos Indígenas, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
Considerando la resolución adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Asamblea General de Caracas, Venezuela, el 2 de junio de 1998, sobre “Atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y crímenes contra periodistas”; la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013, sobre “La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad”, y la Declaración de Medellín adoptada en la Conferencia de la UNESCO sobre “Libertad de prensa, seguridad de los periodistas e impunidad”, reunida en Colombia para la celebración del Día Mundial de la Libertad de prensa del 3 al 4 de mayo de 2007;
Considerando los principios de libertad de prensa y libertad de expresión que emanan de la Declaración de Chapultepec (1994) y de la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital (2018),
Expresando nuestra gratitud al Gobierno y al pueblo de Chile por su generosa hospitalidad y por contribuir al éxito de los actos en celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2024,
Expresando nuestro agradecimiento a la UNESCO por su iniciativa para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2024 en Chile y por el sostenimiento del premio UNESCO/Guillermo Cano a la Libertad de Prensa, que honra la memoria de uno de los periodistas más emblemáticos de nuestra región, víctima, por doble partida, del crimen organizado y de la impunidad.
Confirmando, como lo estableció la Declaración de Santiago de 1994 en su principio 1, que “la libertad de expresión es la piedra angular de nuestras democracias. La democracia es indispensable para la paz y el desarrollo dentro y entre nuestros países. La libertad de prensa es una parte clave e indivisible de la libertad de expresión”.
Convencidos, como lo afirmó la Declaración de Santiago en su principio 2, que “todos los Estados de la región deben ser incentivados a otorgar garantías constitucionales de libertad de expresión, de libertad de prensa para todo tipo de medios de comunicación…”, y que su principio 3 pidió que “el respeto por el pluralismo, la diversidad cultural, de idiomas y de género, deberían ser un factor fundamental en nuestras sociedades democráticas y deberían reflejarse a través de todos los medios de comunicación”.
Considerando que 30 años después persisten conductas denunciadas en el punto 4 de la Declaración de Santiago en 1994, sobre la existencia de “represión, amenazas, agresiones, asesinatos, arrestos, encarcelamientos y secuestros, actos criminales que en muchos casos quedan impunes”.
Destacando que la libertad de prensa, la independencia y el pluralismo siguen siendo objetivos importantes para garantizar la información como bien público, derecho del que toda la humanidad debe gozar para alcanzar el cumplimiento de las aspiraciones humanas incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
Reconociendo que, en España, Portugal, América Latina y el Caribe existe un vibrante, plural y diverso ecosistema de medios de comunicación tradicionales y digitales altamente desarrollados y que es necesario respaldar su viabilidad, así como la de otros medios de escasos recursos en áreas rurales y zonas urbanas marginales.
Conscientes de que la paz, el desarrollo y la democracia están estrechamente ligados y reconociendo que los medios de comunicación de España, Portugal, América Latina y el Caribe siguen desempeñando un papel esencial en favor de la paz, la democracia y el desarrollo económico y social de los pueblos.
Declaramos:
Ahora, como hace 30 años, los valores tradicionales del periodismo en la sociedad persisten, pero han surgido nuevas oportunidades y desafíos al emerger actores aún no globalizados en 1994, destacadamente la internet, que sentó las bases para una dramática transformación en el consumo de todo tipo de contenidos por parte de la población, lo que dio impulso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las grandes empresas de tecnología, las redes sociales y los desarrolladores de inteligencia artificial.
En este contexto, es necesario un esfuerzo de colaboración que involucre a gobiernos, medios de comunicación, empresas de tecnología, organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil para continuar promoviendo la libre expresión como un derecho humano fundamental y piedra angular de las sociedades democráticas e informadas.
Por ello, solicitamos:
A los Estados:
- Fomentar, mediante políticas públicas basadas en las mejores prácticas internacionales, la existencia de un panorama mediático libre, independiente y diverso que abarque tanto plataformas tradicionales como digitales, promulgando y haciendo cumplir leyes y marcos normativos que protejan y garanticen la libertad de expresión y de prensa a la luz de principios internacionales sobre derechos humanos.
- Facilitar a la ciudadanía acceso a información de calidad que le permita tomar decisiones de igual calidad en su vida cotidiana ante el uso de la desinformación, los discursos de odio, la discriminación, el racismo o la incitación a la violencia, entre otras distorsiones presentes ya en el ecosistema digital.
- Evitar el discurso y las narrativas de polarización política, que incluyen la estigmatización del trabajo periodístico en sus roles democráticos ligados a transmisión de noticias, vigilancia sobre funcionarios electos, tolerancia ante las opiniones disidentes y la construcción de consensos.
- Proteger a periodistas y medios de comunicación de amenazas, ataques y violencia, abordando la impunidad de los crímenes contra periodistas y creando grupos de trabajo y sistemas de protección eficientes para prevenir, investigar y procesar los ataques y reparar sus consecuencias.
- Establecer mecanismos y políticas públicas para garantizar el libre flujo de la información y el irrestricto acceso a la información pública; llevar a los fueros civiles (no penales) las causas por difamación donde aún persista la persecución criminal de periodistas; desalentar los llamados litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) que sólo buscan intimidar y silenciar voces críticas, de periodistas y otros actores civiles, y desactivar regulaciones que mantienen censura directa o indirecta en contra de medios y periodistas.
- Apoyar la sostenibilidad de los medios de comunicación y del periodismo independiente, como actores que favorecen la existencia de un régimen democrático y, en particular, de una esfera pública en la que la ciudadanía vigila los asuntos de interés público, debate ideas diversas y construye consensos.
- Establecer regulaciones que favorezcan la libre concurrencia ciudadana a las permanentes innovaciones propias de la era digital, con las herramientas necesarias para garantizar su participación en comunidad y velar por los derechos humanos.
- Alentar políticas públicas claras y transparentes en un mercado sometido a características asimétricas, para que existan condiciones de diálogo y negociaciones equilibradas entre medios de comunicación y empresas de tecnología que distribuyen contenidos periodísticos.
- Promover la alfabetización mediática, digital y las habilidades de pensamiento crítico para que la ciudadanía pueda navegar eficazmente en el escenario digital y distinguir la información confiable de la desinformación.
A las organizaciones intergubernamentales:
- Continuar colaborando con organizaciones profesionales e institutos de investigación sobre la situación actual de los medios de comunicación, para hacer recomendaciones de políticas públicas a los gobiernos que incentiven la existencia de canales de información libres, independientes y plurales.
- Apoyar proyectos para la financiación y sostenibilidad económica del periodismo y los medios de comunicación y para la creación de nuevos medios de comunicación en áreas rurales y vulnerables, con el fin de evitar la expansión de los llamados “desiertos informativos”.
- Coordinar esfuerzos para crear programas de capacitación, de protección y seguridad para periodistas, así como refugio y apoyo para personas periodistas perseguidas y en el exilio.
- Incentivar a los gobiernos, plataformas digitales y medios de comunicación para que creen programas de alfabetización mediática y digital.
A las empresas de tecnología:
- Transparentar sus políticas y decisiones de moderación de contenido, con directrices claras y coherentes que minimicen el impacto negativo del contenido dañino y la distribución de desinformación, así como utilizar sus herramientas de inteligencia artificial para detectar y evitar el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor.
- Fomentar la existencia y profundización de modelos colaborativos con los medios de comunicación, explorando nuevos modelos de negocio sostenibles para las partes, combate a la desinformación y alfabetización digital de los usuarios, garantizando una compensación justa por los contenidos noticiosos que distribuyen, y respetando las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual.
- Observar principios de competencia en el ecosistema publicitario y prevenir prácticas comerciales que perjudiquen a los medios de comunicación y al periodismo independiente.
- Establecer prácticas de transparencia sobre protección de datos personales, privacidad y, en particular, sobre el uso de sus algoritmos que clasifican y recomiendan contenidos y publicidad, a fin de evitar sesgos relacionados con polarización social, raza, género y perspectivas políticas, y dar prioridad a los creadores de contenidos originales.
A los medios de comunicación y el periodismo:
- Mantener la independencia ante las presiones políticas y comerciales, así como resistir a la censura, la autocensura y la influencia indebida. Sostener su compromiso con la búsqueda de la verdad, la calidad, la transparencia, el interés público y reforzar sus políticas de inclusión de género, raza y la diversidad de comunidades en una sociedad democrática.
- Crear protocolos eficientes de seguridad para dotar a periodistas y su personal en general con herramientas para su protección física, digital y emocional, ante situaciones de violencia y en la cobertura de crisis y conflictos sociales.
- Practicar un periodismo de calidad, que incluye la investigación, la transparencia y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales, así como defender los estándares éticos, revelar los conflictos de interés, corregir los errores con prontitud y utilizar mecanismos eficientes de verificación para combatir la desinformación.
- Identificar más herramientas de viabilidad financiera con modelos de negocio sostenibles e innovadores; explorar nuevas fuentes de ingresos; acelerar su transformación digital, y considerar que un periodismo robusto de cobertura local es esencial para la participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas de quienes brindan servicio público.
Esta Declaración reafirma nuestro compromiso con una prensa libre, un discurso público vibrante y el florecimiento de sociedades democráticas en Iberoamérica y el Caribe.
Firman:
Asociación Mundial de Editores de Noticias, WAN-IFRA; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); Associação Nacional de Jornais (ANJ-Brasil); Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa); Asociación Nacional de la Prensa (ANP-Chile); Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI); Asociación de Medios de Información (AMI-España); Associação Portuguesa de Imprensa (APImprensa); Alianza de Medios Mx (México); Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).
